La Procuraduría de Derechos Universitarios es la instancia universitaria que brinda asesoría a la comunidad sobre los derechos contenidos en el cuerpo normativo de la IBERO, y conoce de quejas ante su violación, pudiendo emitir recomendaciones para corregir y reparar las violaciones.

Para defender adecuadamente los derechos universitarios, la Procuraduría tiene un carácter autónomo, es decir, no recibe instrucciones en relación con las recomendaciones que emite, y tiene competencia con respecto a cualquier autoridad de la Universidad con excepción de la Asamblea General de Asociados y del Senado, así como del Tribunal Universitario, instancia última en la interpretación del cuerpo reglamentario.

La Procuraduría es, pues, competente en caso de violaciones que se verifiquen en actos u omisiones de las autoridades universitarias, entendiendo por estas las dependencias administrativas o académicas; los cuerpos colegiados, departamentos y programas universitarios.

También es competente para conocer de cualquier consulta por aplicación de la normatividad vigente las que se podrán presentar de forma verbal o escrita directamente o a través de los medios electrónicos. Por su parte, las quejas sólo pueden presentarse personalmente una vez que se ha llenado debidamente el formato correspondiente.

La tramitación de quejas siempre implica que se han agotado las instancias previas correspondientes conforme a lo que señala la normatividad universitaria. Sin embargo, no hay competencia de la Procuraduría cuando se trata de afectaciones grupales o colectivas; los conflictos de carácter laboral; las resoluciones disciplinarias, excepto cuando existen violaciones al procedimiento; las evaluaciones y criterios académicos, así como las resoluciones de fondo de los consejos técnicos, académicos o las instancias dictaminadoras; y, los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico.